lunes, 29 de julio de 2019

SOBRE EL GREEN NEW DEAL



Hoy me permitiré hacer un copia/pega de un artículo de Pirates Verds, escrito por mí. En la web está dividido en dos partes o cuerpos, en este blog los uniré porque, si bien están diferenciados, están escritos para ser leídos conjuntamente.
Por cierto, esta entrada la dedico a mi amiga Gatopardo, a quien se lo debo.







De un tiempo a esta parte se habla mucho del Green New Deal. Dejando de lado la autoría del nombre, podemos decir que se inspira en el famoso y tan vilipendiado como celebrado New Deal, de Franklin Delano Roosevelt.
Cabe recordar que uno de los programas del New Deal fue el Civilian Conservation Corps, (Cuerpo Civil de Protección Medioambiental), dedicado a la repoblación forestal para combatir el Dust Bowl, provocado por la constante desertificación del Medio Oeste norteamericano. Para que nos demos una idea de la magnitud del programa, Roosevelt consiguió que se aprobara el 31 de marzo de 1933, y el 1 de julio de 1933 ya había 1.463 campos de trabajo, con 250.000 jóvenes en paro, 25.000 adultos, 28.000 veteranos y 14.000 indios americanos. La tarea de organización y reclutamiento se le encomendó al ejército, que posteriormente supo aprovecharla para crear y entrenar en un tiempo récord el enorme y eficiente ejército que luchó en Europa y el Pacífico.
En los EEUU se han ido creando algunas organizaciones inspiradas en el Civilian Conservation Corps”, pero quizá la más importante sea The Sea Ranger Service, radicada en Holanda, que en combinación con el gobierno de esta nación se dedica a resguardar y recuperar los fondos marinos y su ecosistema.

El New Deal de Roosvelt no cambió el sistema económico mundial, pero sí que lo humanizó y democratizó desde un sistema exclusivamente capitalista, consiguiendo que toda la sociedad se beneficiase de él, potenciando los derechos y las libertades del ser humano. No podemos decir que fuera un éxito económico como tal, de hecho el pleno empleo no se produjo hasta la entrada de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial.
No sabemos qué habría pasado si Roosvelt hubiera podido desarrollar
su proyecto sin los constantes boicots e impedimentos por parte del mundo empresarial, y los recortes y prohibiciones de la Corte Suprema de los EEUU, que limitaba cualquier proyecto de protección hacia los trabajadores o algunas de las inversiones en infraestructuras, que podían competir con la clase empresarial. En 1939 la economía todavía no había llegado al nivel de los 20, la oposición de los círculos empresariales al New Deal y sus intentos de obstaculizar el proceso, se tradujo en una caída de la inversión privada que la pública no pudo compensar.
El resultado exitoso de la economía de guerra lanzada en 1941, nos da a entender que el New Deal habría sacado a los EEUU y gran parte del mundo de la gran depresión. Crear una economía de guerra no deja de ser levantar un país a través de su material más importante, el humano, para sobrevivir por encima de todo; y ahora nos encontramos ante una situación parecida, solo que esta vez nos ha de servir para sobrevivir como sociedad y quizá como civilización.

El Green New Deal nació de una propuesta de Van Jones, ex Consejero Especial para empleos verdes, empresa e innovación de Barack Obama, que impulsó inversiones verdes por todo el país, con nuevas infraestructuras, industrias y, sobre todo, investigación; del Centro Europeo de Energía; y ahora de Alexandria Ocasio-Cortez entre muchos otros.
Los fracasos y aciertos del New Deal nos enseñan cómo afrontar el nuevo desafío, si realmente podemos y debemos afrontarlo.
Por supuesto, el primer problema que debemos afrontar es el político.
Las sociedades norteamericana y europea no son las mismas ahora que en los años treinta. Entonces a nadie se le ocurriría elegir a unos políticos negacionistas o que viven de espaldas a la ciencia empírica; ahora, sin embargo, podemos encontrarnos con una clase política dominante que niega la realidad. El ejemplo lo tenemos ahora mismo en los EEUU o Italia, pero también a la puerta de gobernar en muchos otros lugares, como la misma España (recordemos al Partido Popular y el primo de Rajoy).
 
Alexandria Ocasio-Cortez no es ni de lejos Roosvelt, no por sus capacidades, que aún ha de demostrar, sino porque el segundo gobernó los EEUU durante tres legislaturas con comodidad electoral, aunque con casi todo el aparato empresarial y los economistas de la Escuela Austríaca de los años 30 en contra.Friedrich Hayek y parte de la Escuela Austriaca, criticaron duramente al New Deal, curiosamente en lo referente a su concepto de libertad, que consideraban engañosa. Sin embargo, el laureado Nobel apoyó sin ningún prejuicio las dictaduras chilena, portuguesa y argentina, y al Apertheid sudafricano, declarando: “Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático, donde todo liberalismo esté ausente”. Curiosamente el liberalismo que defendían esas dictaduras no era real sino igual de falso que el de Hayek y parte de la nueva Escuela Austríaca (no confundamos a Hayek con Ludwing von Mises, creador de dicha escuela), puesto que sus legislaciones económicas estaban diseñadas para defender a un reducido grupo de personas, expulsando al resto de los supuestos beneficios liberales.

El Green New Deal trata de crear gran cantidad de empleo de calidad, fomentando una reindustrialización de características verdes. El nombre deviene por su gran parecido a la política del Presidente Roosvelt, es decir disponer de una parte del presupuesto, en este caso norteamericano y europeo, para la creación de una gran red de nuevas infraestructuras. La revista Stern (también ver) estima que combatir el Cambio Climático nos puede costar el 1% del PIB anual, mientras que de no combatirlo este coste podría representar el 7% y hasta el 20% si añadimos el coste humano por la pérdida de salud y de biodiversidad. El Centro de Estudios Re-Define valora la necesidad, solo en Europa, en el 2% del PIB, que conseguiría disminuir en un 30% la emisión de gases invernadero.
Por desgracia el ser humano se enfrenta a un problema desconocido, no existe experiencia a una subida de los gases invernadero de la actual magnitud, pero lo que sí sabemos es que sus efectos no son inmediatos sino que devendrán durante los próximos 30 años. Es decir, que los efectos de lo que actualmente ya está en la atmósfera, aproximadamente 430 Ppm de CO2, aunque ya los estemos experimentando con una subida de 0,5º Celsius, el efecto total lo apreciaremos 30 años, con una subida aproximada de 2,75º, Y los 550 Ppm de CO2 previstos para el 2050 representará una subida de casi 4º. La subida del nivel del mar es igual de inevitable y podría ser de entre uno y dos metros, es decir la desaparición de los grandes deltas que alimentan a miles de millones de seres humanos. La desaparición de los glaciares significará una caída en la disponibilidad de agua dulce en muchos lugares del planeta. El frío ya no retendrá el agua en las altas montañas, por lo que se deslizará de manera torrencial en caso que no se reduzca la cantidad de lluvia.
Estas previsiones, junto a algunas más, son las más estudiadas y seguras. Lo que no podemos es predecir cuántas especies desaparecerán, en qué lugares lloverá más o menos o hasta qué nivel el hielo de Groenlandia y de la Antártida colapsarán.
Ahora bien, no olvidemos que la previsión de 550 Ppm de CO2 para el año 2050 parece o es inevitable. Los cambios necesarios para frenar el aumento hasta esta cifra no son posibles, al menos a tan corto plazo.
El desafío no termina, por tanto, en cómo invertir, qué políticas hemos de seguir y de dónde hemos de extraer la cantidad de dinero para desarrollar el Green New Deal, sino también cómo hemos de gestionar, si es que podemos hacerlo, la desaparición de millones de hectáreas de cultivo por la subida del nivel del mar, el aumento de la desertificación, la extinción de numerosas especies indispensables para el equilibrio ecológico y el traslado de cientos de millones de personas.

Dicho esto, no podemos entender ni compartir el resultado de esos estudios, que hablan de la necesidad de invertir entre el 1 o el 2% del PIB, o de la previsible caída del 7% en caso de no afrontar los cambios. Nadie puede valorar el porcentaje necesario con un índice de base que depende de factores tan diversos, como el aumento de precio de los alimentos, del suelo, de la especulación y a veces de la crisis (se da la paradoja que el Banco de España ha de subir sus expectativas de crecimiento gracias a la actual caída económica), pero nunca de la riqueza real de una sociedad.
El cambio de paradigma económico es tan inevitable como el mismo cambio climático, y será consecuencia de este. Lo llamaremos Green New Deal o de otro modo, pero no podemos predecir la dirección exacta que tomará, que dependerá de los gobiernos y de los grupos de presión por un lado, y la concienciación y la movilización ciudadana. Un cambio de paradigma económico de esta envergadura solo puede darse con un pacto político y social en todos los países del planeta. Y a partir de unas mayorías cultas y socialmente avanzadas. Por supuesto, no en un mundo gobernado por negacionistas de cualquier signo político.





El científico sueco Svante Arrhenius, en 1896 ya predijo el calentamiento global por las emisiones de CO₂

Según la Green European Foundation, se estima que en Europa el Green New Deal podría costar entre 150.000 y 250.000 millones de euros, creemos que anuales, con lo que se conseguiría reducir el 20% de las emisiones de CO₂ a la atmósfera, aumentando también la eficiencia energética y las energías renovables. Buena parte de este dinero sería destinado a la construcción, para mejorar o renovar tanto los edificios como las infraestructuras, además de la construcción de sistemas para la producción de energía. Por supuesto, no podemos considerar todo este capital, pequeño e insuficiente para resolver el grave problema del cambio climático, como un mero gasto sino como una inversión de rendimiento inmediato parte de ella, por el descenso del desempleo que representaría además del ahorro energético. La riqueza que generaría es incuestionable, mucha más que la inversión requerida. A eso le hemos de sumar la inversión privada, paralizada actualmente, que generaría riqueza añadida y de elevada calidad, ya que esta se adapta al capital humano disponible, o en caso necesario lo crearía.

La izquierda europea, sin embargo, propone medidas más drásticas y una mayor inversión, que podría cuantificarse entre los 250.000 y 350.000 millones de euros al año. Este dinero se dividiría en dos grupos de inversión, el de investigación y desarrollo para las empresas que producen tecnología, y el de la implementación de dicha tecnología. Y serviría para reducir la factura energética en unos 300.000 millones de euros, además de generar exportaciones por valor de unos 25.000 millones de euros en tecnología limpia, aparte de la misma Green European Foundation, la creación de seis millones de puestos de trabajo y de la riqueza que le acompaña.

En los años treinta, el gobierno norteamericano se encontró con una sociedad endeudada y con poca liquidez, pero no así la hacienda pública, que pudo poner en marcha la máquina de hacer billetes. Ahora nos encontramos con una sociedad muy endeudada, incluida la banca y los mismos gobiernos. La deuda de los estados que más pueden aportar para un posible Geen New Deal actualmente es impagable, sin embargo, el dinero existe y mucho más del que se necesitaría, y está circulando muy lentamente y con mucha incertidumbre, en manos de fondos de pensión, bancos y sociedades de crédito a las que nadie pide dinero, y a un interés casi siempre negativo. Dependiendo la ideología de quien gobierne, este dinero puede volver a manos de los estados, o legislando convenientemente puede servir para financiar sobradamente el Green New Deal. Para conseguirlo solo se necesita voluntad política, olvidando ciertas dependencias económicas o parentescos de clase.
Y tal como el cambio climático no entiende de colores políticos ni de banderas, tampoco tiene fronteras. Su afectación y los problemas que conlleva son planetarios, es decir, que no vale resolverlo solo en Europa y los EEUU, olvidando al resto; como tampoco cambiar los modelos productivos del primer mundo, pero no los de consumo. El traspaso de una economía consumista a una austera, de una contaminante a una verde, actualmente no puede hacerse solo desde los gobiernos sino con la complicidad y la colaboración de las sociedades que los eligen.

 Hace un par de años, cuando en una ponencia sobre ecología y sostenibilidad nos preguntaron por el programa de un partido, catalogado equivocadamente como antisitema y anticapitalista, respondimos que era perfecto, quizá el único sostenible al 100%, el problema es que para llevarlo a la práctica sobramos 6.000 de los 7.500 millones que actualmente poblamos el planeta. Y no es difícil demostrarlo, de hecho lo tenemos frente a nosotros. James Lovelok, ahora con 100 años recién cumplidos, nos lo explica en su libro “La venganza de la Tierra”, cuyo título original es “The Revenge of Gaia”.
Uno de los problemas más graves que tenemos es cómo gestionar la globalización, es decir conseguir que los 6.000 millones que ahora mismo están haciendo cola para entrar en el mundo consumista, lo hagan de una manera sostenible. Y esa sociedad que está a la espera, parte de ella ya irrumpiendo en el consumo, se mantiene gracias al plástico y carece de la capacidad de procesarlo; y se desplaza con motores de deshecho del primer mundo, que se deshace de ellos por contaminantes, enviándolos al tercer mundo a través de programas de ayuda.
Esos 6.000 millones utilizan el plástico para todo, desde ir a buscar agua, empaquetar y guardar los alimentos de manera más o menos segura, para calzar y para vestir. De hecho, si entramos en una vivienda del mundo en desarrollo, encontraremos más plástico que en cualquiera del desarrollado; y si paseamos por cualquier calle, pueblo o campo de las zonas menos desarrolladas, lo veremos en pequeños pedazos de tuberías rotas, bolsas, botellas, alpargatas y hasta ropa, en una cantidad tan inimaginable como horrorosa e irreciclable.
En cuanto al gasóleo, ¿quién no se ha sorprendido al encontrar en esos países, los viejos autobuses, camiones, taxis y hasta maquinas de ferrocarril y barcos, que antes veía en las calles, vías férreas, ríos y puertos europeos?
Actualmente el planeta no puede ofrecer suficiente materia prima, para ni siquiera dar satisfacción a los aproximadamente 1.500 millones de seres humanos que han entrado en la economía consumista. Por lo cual una de las primeras medidas que se tendrían que tomar, es reducir el número de seres humanos que lo habitamos con una política de austeridad reproductiva, al menos hasta no descubrir o generar los recursos suficientes sin sacrificar el equilibrio del planeta. El cambio climático es inevitable, así como la desaparición o extinción de buena parte de los seres humanos; ahora bien, lo que Lovelok y el resto de científicos sin miedo no explican es que está en nuestras manos decidir cómo hacerlo, es decir cómo limitar y reducir el número de seres humanos que hoy poblamos el planeta.

En Europa el problema es trasladar este cambio de paradigma económico y de desarrollo al ámbito estatal, regional y hasta local.
Sin una unión fiscal y presupuestaria real, es imposible que se den las condiciones para que todos los países participen con el mismo interés. Y, de haberlas, la existencia de los distintos bancos centrales se hace inútil, además de contraproducente. Es imprescindible centralizar la investigación en una entidad supranacional, con autoridad para supervisar los distintos centros de investigación, sean estatales, universitarios o privados, y para administrar los recursos públicos que puedan recibir. Del mismo modo se tendría que crear otra para la energía, con los misma autoridad sobre las empresas públicas y privadas.
Recordemos que la UE ya tiene un Comisario de Energía y Clima, Arias Cañete, que curiosamente es licenciado en derecho, sin ningún estudio sobre economía o medio ambiente, y con intereses en empresas petroleras.
A todo esto sería necesario sumarle la unificación de todas las regulaciones sobre los medios de transporte de personas y de mercancías, y sobre la producción y reciclaje de productos industriales. Las de urbanismo, turismo y todas las que puedan afectar la estrategia política europea sobre el cambio climático.

 Por desgracia el ser humano tiende a utilizar medios sin entrar a valorar su capacidad de contaminación o el perjuicio que pueden causar a las generaciones futuras, con la convicción que serán esas las que solucionarán el problema gracias a unas hipotéticas nuevas tecnologías o a una pericia investigadora de la cual se carece en el momento. En poco tiempo tendremos que gestionar lo que nuestros abuelos lanzaron al mar, cuando ya sabían que este no podía absorberlo. Toneladas de residuos radiactivos, millones de toneladas de armamento relleno o rebozado, da lo mismo, de metales pesados y material químico. Eso sin contar los millones de toneladas de barcos, que la marina alemana hundió en el Atlántico, cargados con el mismo armamento. Y a las puertas de estallar esta bomba de relojería, nos encontramos que tendremos que reconstruir nuestros parques, crear una tupida red de biodiversidad entre los campos de cultivo, repoblar enormes extensiones actualmente áridas, organizar cuerpos de bomberos incluso en Alaska, el norte de Canadá y Siberia, ahora mismo con incendios descontrolados; crear una policía internacional del mar; y reconstruir ciudades enteras con las reglas marcadas por el Green New Deal, cuando ahora mismo y en nuestras ciudades se construye vulnerando la actual reglamentación de la UE o el mismo sentido común (con solo dar una vuelta por l’Hospitalet de Llobregat, la Calcuta europea, es suficiente). Por supuesto, si no somos capaces ni de dar sombra con cuatro árboles a nuestros escolares, ¿cómo podemos exigir o pretender que países como Etiopía, Nigeria o Brasil, obedezcan las directivas del primer mundo?
En la situación política actual, la solución solo puede llegar a través de la creación de grandes plantas de absorción de los gases invernadero, a no ser que creamos en dioses que milagrosamente despierten la mente a los que solo viven de la inmediatez. Y es nuestra responsabilidad y libre decisión que estas plantas o nueva industria sean de propiedad de entes supranacionales, externos a las grandes corporaciones que han propiciado la situación en la que nos encontramos, o que sean ellas las que, con ayudas estatales e internacionales, y a través de la investigación financiada por todos, administren esa industria y puedan medrar aún más.

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sábado, 19 de enero de 2019

El momento de la Democracia Participativa

Imagen cedida por IvanPais, para Pixabay

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Tiempo atrás publicamos un trabajo que explicaba lo que es la Democracia Participativa, que, aun detallando una posible mecánica para llevarla a cabo, necesitaba más elaboración, al menos con respecto a nuestra ciudad y quizá a muchas otras de similares características.
En este trabajo llamamos la atención sobre el peligro de que el tejido asociativo cayera en la tentación de entrar en el aparato político del municipio, comunidad o estado, o que este lo terminara absorbiendo o introduciendo dentro de una red clientelar.

Antes que nada nos gustaría aclarar un principio básico, que podemos encontrar en todos los municipios en los que la participación ciudadana ha prosperado o ha fracasado.
Sin tejido asociativo no es posible crear un proceso de Democracia Participativa. Y este tejido no puede depender ni estar vinculado a ningún partido político, de lo contrario ya no sería asociativo. Un barrio está conformado por ciudadanos con libertad de pensamiento, y de distintas ideologías e incluso credos; con los mismos problemas de transporte, de infraestructura, de contaminación, etc. En el momento que este tejido adopta una direccionalidad política en concreto, pasa a ser una prolongación de ella, perdiendo cualquier legitimidad de representación global. Debemos entender entonces que una asociación de barrio, por muy organizada y activa que sea, en el momento que está mediatizada por un partido político, ya no puede ser tratada como asociación sino como una delegación de este partido.

Por suerte en nuestra ciudad existe un tejido asociativo muy potente, activo y con ramificaciones tanto en la izquierda como en la derecha. En la izquierda independiente de los partidos políticos que podrían ser sus referentes, sin embargo, el asociacionismo, que por cierto ya nadie puede vincular a una direccionalidad ideológica, mantiene fuertes vínculos con el PSC debido a un clientelismo cultivado durante más de cuarenta años de gobierno.
¿Qué solución podemos encontrar para resolver este problema en una sociedad fuertemente politizada?

A nuestro modo de ver el esfuerzo ha de dirigirse en ampliar el primer modelo de asociacionismo, buscando el mecanismo para que se respete no solo su independencia sino también que evite caer en la tentación de convertirse en sujeto del aparato político, aunque sí en la parte más importante del poder político de la ciudad. Para eso nada mejor que establecer unas reglas de juego muy estrictas y reguladas por unos estatutos, que solo las asambleas pueden variar y no sin dificultad.
El tejido asociativo debe ser el embrión y la correa de transmisión de un sistema participativo completamente independiente, engranado principalmente al pleno del ayuntamiento.
Cuando en el primer trabajo estudiamos los distintos sistemas participativos que mal que bien funcionan, incluso el de Porto Alegre, que nos puede servir como ejemplo de organización, descubrimos una pobre participación ciudadana, siendo esta mucho más potente en los barrios y la sociedad más humildes, y en todos los casos encontramos más implicación entre los parados y los ciudadanos en la tercera edad.
Es evidente que la participación ciudadana requiere un esfuerzo, principalmente de tiempo, pero también de responsabilidad. Todo indica que parte de la falta de participación deviene por la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, con la participación en los órganos del proceso participativo, lo cual nos hace pensar que en el caso de los delegados se debería establecer una remuneración ajustada, gracias a una reducción del número de asesores políticos. Es decir, que el ahorro por esa reducción podría servir para remunerar a los delegados electos de las asambleas de barrio y directamente a través de ellas, con su propio reglamento. De esta manera se fortalece la vinculación del sistema participativo con el pleno de la ciudad, pero manteniendo la independencia de cualquier grupo político de este. Para garantizar esta independencia, es aconsejable que el mandato de los delegados electos no sobrepase un año, aunque eso sería decisión de las asambleas de barrio y de sus estatutos; así como la cantidad a percibir, si es por las mismas asambleas a través de subvención o simplemente por ser declaradas como asesoría del pleno municipal. Eso con respecto a las concejalías de barrio. Con las temáticas tendría que ser la asamblea de ciudad, es decir que las asambleas de barrio deberían escoger a sus delegados temáticos, que conformarían un grupo del cual tendrían que salir escogidos los distintos delegados autorizados para representar a la asamblea de ciudad, siempre recordando que su representación también finalizará al cabo de un año.
En caso de enfrentamiento de opinión con los técnicos municipales, las decisiones de las asambleas podrán ser revocadas o negociadas por ellas mismas, tras un período suplementario de debate con dichos técnicos, por un consejo de mediación externo o simplemente por otro de juristas, en caso de posible confrontación con las leyes.

Sin duda, uno de los problemas más graves que nos podemos encontrar en los pocos procesos participativos que han conseguido afianzarse, es el conflicto entre el sistema deliberativo de las asambleas, y el mandato imperativo de los representantes elegidos democráticamente, que son quienes deben poner en práctica las decisiones de la asamblea. Este conflicto, que suele devenir por la dificultad de los técnicos a aceptar decisiones a su parecer contrarias al bien común, puede subsanarse a través de un procedimiento regulatorio y con un equipo de mediación compuesto por expertos. También es importante que el sistema deliberativo acepte de buen grado los imperativos legales. Ninguna asamblea puede exigir a sus representantes que arriesguen su patrimonio, su puesto o su libertad, por obedecer unas decisiones que van en contra de la legalidad. En este caso la obligación de los representantes es buscar una grieta en la legalidad, para acercarse al máximo al mandato de la asamblea o pedir al poder legislativo que cambie dicha legalidad para satisfacer a la asamblea ciudadana.

Es de suma importancia procurar que el asociacionismo crezca por si mismo, sin mediación alguna del poder político. Este crecimiento debe ser natural y autónomo, solo así se conseguirá un empoderamiento real y legítimo de la ciudadanía, con capacidad de extender su ámbito de actuación. Obviamente, existen dos dificultades fácilmente apreciables, la primera es conseguir este crecimiento sin la intromisión del poder político. La segunda está directamente relacionada con la primera, ya que sin ayuda las mismas asociaciones tenderán a limitar o reducir su extensión, para evitar los debates excesivamente densos y largos, y para simplificar la administración de la misma asociación. Tampoco podemos infravalorar la normal ambición de poder de una clase política emergente, los ultra activistas y los delegados que suelen repetir mandato con facilidad, que pueden ver peligrar su preponderancia en caso de un crecimiento sostenido. Evidentemente, el activista experimentado tiende a sentirse más preparado y, por ende, con más derechos que el novato.
La solución pasa por premiar la participación, no con más presupuesto sino con poder de decisión.


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domingo, 18 de noviembre de 2018

"Internet, hackers y software libre"




Extraído del libro: "Internet, hackers y software libre" de Carlos Gradin


"La “anarquía” de Internet puede parecer extraña o incluso poco natural, pero tiene cierta profundidad y sentido. Es como la “anarquía” del idioma inglés. Nadie alquila el inglés y nadie lo posee. Como angloparlante, depende de ti aprender hablar inglés correctamente y usarlo para lo que quieras (aunque el gobierno proporciona fondos para ayudarte a que aprendas a leer y escribir algo). Aunque mucha gente se gana la vida usando, explotando y enseñando inglés, el “Inglés” como institución es una propiedad pública, un bien común. Mucho de eso ocurre con Internet. ¿Mejoraría el inglés si “Idioma Inglés S.A.” tuviera un consejo de administración con su director o ejecutivo al frente, un presidente y una asamblea? Probablemente existirían muchas menos palabras en el idioma inglés, y muchas menos nuevas ideas."


Para descargar el libro pulsar en: "Internet, hackers y software libre"

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jueves, 19 de abril de 2018

La Renta Básica Universal a debate


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Una de las funciones de la Renta Básica Universal es la redistribución de la riqueza, que puede ser una herramienta relativamente eficaz para corregir el desequilibrio de rentas en algunos países.
¿A qué viene lo de relativamente?
Generalmente los países donde el coeficiente de Gini es más elevado, son los que muestran menos diferencia impositiva entre los más y los menos ricos, por lo cual podríamos entender que la RB podría servir para corregir la desigualdad impositiva de algunas sociedades. Sin embargo, no olvidemos que la finalidad de utilizar un sistema impositivo que beneficia a los más ricos, es para aumentar o, en el mejor de los casos, mantener el desequilibrio socioeconómico; lo que da a entender que en este tipo de sociedades la RBU nunca podrá ser posible, a no ser que sirva para el beneficio de las clases más elevadas. De hecho lo que se pretende con la RBU, no hablamos de sus creadores, es traspasar el pago del estado del bienestar al usuario, a través del dinero recibido por la Renta Básica Universal. Obviamente esos servicios, como la sanidad o la educación, quedarían en manos de la empresa privada, que, tal como hace ya ahora, ofrecería un escalado de calidad y de servicios a tenor de lo contratado, cuyos mínimos entrarían en lo aportado por el Estado. Evidentemente, se trata de encubrir la privatización con la RBU, traspasando la responsabilidad de su contratación a los usuarios, dejando de lado la igualdad en unos servicios indispensables para la supervivencia y el desarrollo cultural de todas las personas por igual.

En el caso de los países con el coeficiente Gini más bajo en salarios y rentas, además de un sistema impositivo más igualitario, la RBU carece de utilidad práctica, a no ser que sirva para combatir el posible y engañoso desempleo tecnológico o para legitimar un reparto de la riqueza desigual, que a fin de cuentas es como terminaría. Curiosamente esta afirmación, fácilmente demostrable con una adecuada formulación, choca directamente con la realidad, ya que los países con el coeficiente más bajo han sido los primeros en implementar, aunque parcialmente y a modo de prueba, la RBU.
La RBU trata de repartir de manera igual y universal, una cantidad de dinero que el Estado debe recaudar a través de un sistema impositivo progresivo.
La RBU no es tan onerosa para el Estado como algunos nos quieren hacer creer, ya que muchas de las aportaciones, que ahora mismo se reparten entre algunos colectivos o ciudadanos en precariedad, quedarían automáticamente eliminadas, lo cual significa que esos ciudadanos quedarían en desventaja con respecto al global. Por contra, muchos prejuicios de tipo racista o de clase dejarían de tener sentido, lo cual no significa que desaparezcan. El racista nace y muere siéndolo, por mucho que la sociedad le demuestre su error.
En España los inmigrantes sin la documentación que les acredita como residentes, han perdido el derecho a la educación y a la sanidad, y no por ello los racistas han dejado de verlos como beneficiarios de esos servicios y de muchos más, cuya existencia solo está en su imaginario. Mientras que los que tienen la documentación en regla, es porque trabajan y, por tanto, contribuyen positivamente a cubrir las pensiones y los servicios del resto, con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano excepto el del voto. El ciudadano con menos recursos por su salario o por tener más hijos, sea inmigrante o nativo, al recibir la RBU dejaría de percibir las ayudas a las que ahora tiene derecho. Y, ciertamente, es el inmigrante trabajador quien más se acerca al modelo expuesto.
La RBU, por tanto, no deja de ser una herramienta que voluntaria o involuntariamente, sirve para legitimar y enquistar el desequilibrio salarial y de rentas, ya que es un modo de corregir este desequilibrio a través de una inyección monetaria a los salarios por parte del Estado, cuando lo justo sería garantizar, mediante un buen sistema fiscal y regulatorio, más igualdad entre los beneficios del trabajo y de la renta, y entre el salario productivo y el de gestión.

Una de las excusas más delirantes de la RBU es que el trabajo no dignifica, sin embargo, a nuestro modo de ver lo que no dignifica es tener la consciencia de que solo por haber nacido humano y en un país más o menos rico, se tiene el derecho a la subsistencia, que será posible gracias al trabajo de otros, muchas veces de sociedades extranjeras y explotadas. Esta seguridad de subsistencia, pese a ser un derecho, no puede ser motivo de abandono. Para nosotros el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo digno a todos los ciudadanos, sin importar su origen o sus capacidades, y si por incapacidad de este mismo Estado o del ciudadano no se pudiera, ha de ser el Estado, como responsable garantista, quien ha de cubrir la subsistencia del desafortunado.
La actual propuesta de RBU, al eliminar las múltiples ayudas que actualmente se reparten, simplificaría enormemente la administración. No olvidemos que los beneficiarios de estas ayudas necesitan una gran variedad de requisitos y tienen múltiples facetas, que precisan un gran esfuerzo de inspección y de administración. Según sus promotores todo este esfuerzo administrativo se podría obviar; sin embargo, olvidan que gran parte de los beneficiarios no reciben la ayuda directamente en forma dineraria sino en servicios, y que otra parte es administrada por asociaciones externas a la administración, que reciben subvenciones directamente según el proyecto propuesto. Es evidente que los beneficiarios seguirán necesitando el soporte del estado, sea a través de esas organizaciones, de los servicios sociales de las administraciones locales o del mismo gobierno central. Solo pequeños grupos de ciudadanos podrían beneficiarse directamente, ahorrando esfuerzo administrativo, como por ejemplo las familias numerosas. El resto quedaría expuesto igualmente.

En cualquier caso no podemos obviar que los servicios que tienen que ver con el estado del bienestar no han depender de la previsión del ciudadano sino del Estado, porque es este quien finalmente termina garantizando la digna supervivencia del mismo. El Estado de Bienestar es responsabilidad final de la sociedad como colectivo, por lo cual no debe confiar en el libre albedrío del individuo ciudadano, para que decida la gestión de sus derechos esenciales. El bienestar, la seguridad y la libertad de la sociedad, dependen directamente del estado de bienestar de todos sus ciudadanos individuos, de modo que ha de ser ella la que decida las distintas partidas y para lo que han de servir. No es de recibo que el dinero que un individuo recibe para la educación y la sanidad de sus hijos, se utilice para las vacaciones de la familia, porque sin duda será la sociedad quien termine solucionando o sufriendo su mala gestión.

Al no tratarse de un aumento de la masa monetaria, sino una redistribución más equitativa de la misma, en principio no debería provocar inflación; pero no olvidemos que una redistribución del dinero, de las capas más ricas, es decir las más ahorradoras, hacia las más humildes, necesariamente crea un crecimiento de la demanda, en este caso muy centrado a servicios como los alquileres y los servicios y bienes de consumo más básicos, que sufrirían un aumento de precio en proporción, a no ser que el mismo Estado se cuidara de regularlo facilitando el aumento de su producción. La disminución del ahorro, que con el aumento de la producción se podría recuperar con relativa facilidad, ayudaría a controlar la inflación, pero en los bienes de consumo para las clases más adineradas. No olvidemos que la economía de mercado se regula por si misma, pero siempre con sistemas de control para evitar crestas excesivas, tanto negativas como positivas.


Una vez desarrollada la RBU se podría acercar a la propuesta del Trabajo Garantizado. En este caso las personas no tendrían ninguna subvención solo por serlo sino el derecho a un trabajo, se entiende que las capacitadas para tenerlo. Las ayudas sociales a las personas más vulnerables no se eliminarían, al menos hasta no haber superado su vulnerabilidad. La RB en este caso podría servir para igualar las ayudas en ciertos casos, como una cantidad de dinero fija por hijo, sin entrar a valorar la fortuna de los progenitores.
La educación, la sanidad y los servicios que la sociedad considera indispensables para una supervivencia digna, ya son parte de la RB, pero en especies directamente, de modo que nadie puede disponer de su coste para otros menesteres. La sociedad, en este caso, ha de tratar esta inversión como una subvención finalista, que su receptor no puede desviar.
El Trabajo Garantizado, al contrario que la RB, genera riqueza directamente, junto al mismo aumento del movimiento dinerario, pero esta vez a través del trabajo. Obviamente genera esfuerzo administrativo, pero menos del que ahora mismo representa la gestión y el control de las ayudas que la administración entrega a los más desfavorecidos.
El trabajo que la administración garantiza al ciudadano solo puede servir para resolver la supervivencia con dignidad. El trabajo no es en este caso una obligación, pero si el medio de subsistencia para todo aquel que pudiendo trabajar no tenga ni quiera vivir a costa del trabajo de los demás. Al ser garantizado, el Estado está obligado a entregar un salario a todos por igual, siendo su responsabilidad dar el trabajo.

Hay que tener en cuenta que los bienes de consumo más esenciales y de precio ajustado provienen de la importación. El ciudadano beneficiario de la RB será más exigente ante la oferta de trabajo, por lo cual el empresario tendrá, necesariamente, que modernizar su empresa con tecnologías que suplan el trabajo, además de aumentar sensiblemente el salario de oferta. Eso conlleva necesariamente a una caída de la producción de bienes de consumo de valor reducido y a un aumento de su importación. En el caso de la RB, esos bienes también serían los más demandados y su consumo no generaría más riqueza al país que la implementa, es decir que solo aumentaría el consumo de productos foráneos.


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domingo, 8 de abril de 2018

Análisis político de la actualidad Agrícola y una propuesta Pirata





 (Este artículo está extraído de la web de Pirates Verds y ha sido redactado como propuesta programática de Pirates de Catalunya para el área de agricultura)


La agricultura es una fuente irremplazable de alimentos. Estos pueden obtenerse bien de proximidad o por lo contrario pueden hacerse llegar de explotaciones situadas a larga distancia. Igualmente podemos optar por adquirir productos de pequeños productores en agricultura de mosaico o de grandes explotaciones en monocultivo. La decisión es individual de cada consumidor y es una decisión política.
El papel de las administraciones es garantizar que esa decisión política se toma con conocimiento de sus consecuencias, tanto a nivel económico como social y ecológico. Asimismo, debe garantizar una correcta competencia entre los dos tipos de agricultura, asegurando el entorno económico que permite corregir los desequilibrios que en una economía de mercado favorecen a aquellos que obtienen un menor coste de producción a base de ignorar las externalidades negativas.
La progresiva mecanización de la agricultura conlleva una mayor concentración de la actividad. A fecha de hoy el 3% de las explotaciones agrarias concentran el 50% de la tierra cultivada en Europa, con lo que ello implica para la pérdida de la diversidad de alimentos, el empleo, los recursos naturales e, incluso, los paisajes del medio agrícola. Del mismo modo, la progresiva desaparición del campesinado al devaluarse el valor de su mano de obra frente a la rentabilidad de la maquinaria, aboca a muchos pueblos a desaparecer, creando yermos y concentrando la población alrededor de unas ciudades cada vez más alejadas del medio rural y, por lo tanto, más desconocedoras de la realidad del campesinado, así como de las externalidades y consecuencias de su elección en la compra de alimentos.
Finalmente, el crecimiento de estas ciudades pone presión sobre las tierras circundantes a las mismas, lo que lleva a muchas administraciones a ver dichas tierras como una reserva de crecimiento, que en su día serán calificadas como urbanas con el consiguiente incremento de precio de estas. Este proceso de especulación aleja también a los agricultores de estas, ya que la especulación valora las tierras en función de su posible valor futuro y no en función de la rentabilidad que la explotación agrícola de las mismas puede generar.
OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS EN RELACIÓN A LA AGRICULTURA
Los gestores políticos han de garantizar, con sus decisiones, que la ciudadanía disponga de toda la información relevante a la hora de tomar sus decisiones. Para ello deben asegurar, entre otras cosas, la existencia de fuentes de alimentación de proximidad, un mayor contacto entre la población rural y la urbana, y un fácil acceso de las producciones agrarias a los mercados urbanos. Esto debe hacerse mediante políticas a largo plazo, que tengan como objetivo el mantener en activo tierras agrícolas, asegurar las condiciones para que las mismas sean rentables y controlar la densidad urbana mediante pulmones verdes destinados a la agricultura.
Las políticas públicas agrarias pueden discriminar positiva o negativamente. Entre las primeras estaría la de favorecer las prácticas que tienen un menor impacto medioambiental o un mayor impacto social. La discriminación negativa consistiría en hacer tributar las prácticas contrarias, llegando obviamente a prohibir algunas.
Entre las políticas públicas a promover están:
  1. Mejorar la transparencia del mercado, tanto lo que hace referencia a las posibilidades de adquisición de tierras baldías, como de explotaciones ya en activo que carezcan de relevo generacional, intentando evitar la excesiva concentración de tierras en pocas manos.
  2. Facilitar la sucesión en la titularidad de las explotaciones agrícolas tanto a nivel fiscal, eliminando impuestos de sucesiones o transmisiones si se continua la actividad (*) como formativo (promoviendo la educación profesional). Asimismo, debe promoverse un régimen favorable al alquiler de aquellas fincas cuyos propietarios no desean continuar la actividad agrícola.
  3. Desarrollar agencias públicas destinadas al asesoramiento y financiación de los nuevos agricultores. La progresiva mecanización (ya incluso robotización) está dejando obsoletos muchos de los principios por los que se ha regido la agricultura en las últimas décadas. Adaptarse a las nuevas tecnologías supone una inversión que no siempre está al alcance del agricultor.
  4. Corregir la especulación que están sufriendo las tierras agrícolas situadas entorno a núcleos urbanos, mediante un impuesto sobre tierras baldías, la compra de tierras por parte de las administraciones públicas, y la elaboración de planes urbanos que identifiquen las parcelas agrícolas como pulmones verdes y que garanticen la conservación de estas.
  5. Facilitar la elaboración de productos alimentarios en las propias explotaciones, tanto mediante la promoción de la figura del artesano alimentario, con unas exigencias de elaboración proporcionadas a su tamaño, como la promoción de los sellos de calidad correspondientes.
  6. Promover la comercialización de los productos agrícolas de proximidad en comedores comunitarios dependientes de las administraciones, la celebración de mercados exclusivos y facilitar la venta directa. Asimismo, educar en la consciencia tanto de la importancia de una alimentación “sana” como del impacto medioambiental y social de la agricultura de proximidad.
  7. Crear caminos públicos para facilitar el senderismo y la visita de las explotaciones sitas en los alrededores de los núcleos urbanos
(*) En caso de pequeñas explotaciones familiares


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viernes, 16 de marzo de 2018

Brecha salarial y Techo de Cristal

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 (Este artículo, al igual que los últimos de este blog, está extraído de la web de Pirates de l'H)


No son pocos los conocidos y amigos, que con motivo de las manifestaciones y de la huelga feminista confiesan no entender la queja, puesto que según ellos no existe, en ninguna empresa que conocen, agravio salarial. Según ellos las mujeres disfrutan, por el mismo puesto y carga laboral, el mismo salario que el hombre.
Por supuesto, nuestros amigos no se habrán preocupado demasiado por averiguar la verdad, deben haberse circunscrito a algunas empresas que pagan el salario más bajo permitido, de modo que en este caso es relativamente fácil no encontrar diferencia, excepto en algunos detalles difíciles de explicar si no es por prejuicios claramente machistas.
Obviamente una empresa no puede hacer diferenciación salarial entre hombre y mujer, principalmente si es por el mismo puesto de trabajo, a nosotros nos costaría bastante encontrar una empresa así; no obstante, nos llega información de algunas empresas que sí hacen distinción. Este tipo de empresa no tiene por qué ser familiar o pequeña, tal como sucede en el medio rural, donde encontramos el mayor desnivel de salarios; lo podemos encontrar en las grandes empresas, algunas de ellas muy conocidas en el ámbito de la gran superficie y en la misma administración pública. Este modelo de empresa valora más el trabajo masculino que el femenino, sin que nadie nos haya podido dar una explicación razonable del por qué, ni siquiera algunos de sus directivos contactados por representantes de nuestro partido.
Muchos estudiosos y las empresas en algún caso, excusan la diferencia salarial con las horas de trabajo. Según ellos la mujer, posiblemente por sus necesidades familiares, no puede trabajar tantas horas como el hombre, por lo cual se resiente el global de su salario. Estas tareas del hogar son los llamados Cuidados, uno de los pilares de la huelga general feminista del pasado 8 de marzo. Los Cuidados engloban las tareas de limpieza del hogar, cocina, cuidado y atención de menores y mayores a cargo. Los Cuidados, fundamentales para el sostenimiento de la sociedad, no son considerados trabajo y no están remunerados, por lo tanto se estigmatizan como de poca importancia y no se les tiene en cuenta. La filósofa italiana Silvia Federici explica en su libro “Revolución en Punto Cero” la apropiación del trabajo doméstico y reproductivo, absolutamente necesario para desarrollar el productivo.
En relación a este tema FEDEA ha desarrollado un excelente trabajo que muestra las diferencias salariales entre hombre y mujer por hora trabajada y en puestos de similar o igual responsabilidad, en cada uno de los estratos profesionales y de edad. Este trabajo es muy completo y además está coordinado con otros similares realizados en el resto de países de la Unión Europea.
Lo cierto es que según el último análisis de Geshta (Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda), mucho más generalista y con datos del mismo ministerio, las mujeres asalariadas del Estado español cobran de promedio el 29,1% menos que los hombres, bastante menos si en este cálculo descontamos las que por su profesión especializada cobran igual, siendo sus datos utilizados para valorar el coeficiente.
La brecha es menor en el caso de los trabajadores más jóvenes, aunque en este caso son más ellas que los hombres con un salario inferior a los mil euros. En todos los trabajos realizados sobre este tema apreciamos que la brecha se acentúa a medida que aumenta el salario. Este fenómeno puede apreciarse muy bien en España, es decir, que en las comunidades con mejores salarios la diferencia se acentúa; así como en los países con un salario más elevado la brecha aumenta significativamente, pero con variaciones producto de su idiosincrasia cultural, legislativa o de reparto de riqueza.
Existen numerosos estudios y opiniones sobre el por qué de esta gran diferencia. Para nosotros y desde una visión objetiva y exclusivamente socio económica, esa diferencia radica no solo en los prejuicios de la misma sociedad, incrustados desde hace innumerables siglos, sino también en la maternidad, no como impedimento para desarrollarse profesionalmente sino por la gran competitividad que últimamente nos hemos impuesto como sociedad laboral. Santiago Niño-Becerra comenta en su blog, que el Techo de Cristal que la mujer debe romper es la dependencia de la maternidad; sin embargo, nos preguntamos de quién es en realidad este Techo de Cristal, si de la sociedad en su totalidad o solo de la mujer.
El problema es el modelo de trabajo. No albergamos ninguna duda que la mujer está igual de capacitada que el hombre, no existe ningún dato que diga que las jóvenes salen de la ESO, del bachillerato o de la Universidad, menos preparadas; en cualquier caso y según los datos del ministerio, lo están más que los hombres, sin embargo, los puestos que se les ofrece son de más bajo nivel.
Una gran multinacional contrata a sus directivos no solo en relación a su preparación sino también a su disponibilidad. Un directivo que cobra doscientos mil o medio millón de euros carece de horario, tanto puede estar sentado en su mesa, analizando los últimos datos llegados de sus fábricas, como a las pocas horas coger un avión hacia Karachi sin conocer el día de vuelta. El director comercial de una gran empresa nunca está seguro de la hora que llegará a su casa, ni siquiera si dormirá en ella. Y tampoco se trata de excusar la brecha tras qué priorizamos, si la relación y el bienestar familiar, u otro modelo de bienestar social que ni es necesario ni tiene una razonable explicación económica. Actualmente con las nuevas tecnologías de la comunicación y un sistema más colaborativo en el trabajo, vivir pendiente de un avión ya no es necesario. La crianza de los hijos o, de no tenerlos, la simple relación afectiva con los más próximos, es tan necesaria para la mujer como para el hombre.
Si bien la brecha salarial comienza en los primeros contratos, va aumentando con el paso del tiempo acentuándose a partir de los 26 años, precisamente cuando la mujer suele empezar a quedarse embarazada. El hecho que ya en los primeros contratos exista una diferencia, puede deberse a un reflejo condicionado por el futuro.
En el trabajo de FEDEA podemos apreciar cómo, durante los años de crisis la brecha salarial se redujo, sin embargo, en el actual trabajo desarrollado por Geshta se aprecia una sensible subida en el 2016, seguramente producto por el aumento de los contratos a tiempo completo. Entendemos pues, que la brecha se redujo en esos años de crisis por los despidos masivos de trabajadores a tiempo completo y el aumento de los contratos a tiempo parcial. La mujer no solo es más proclive a adoptar por sus condicionantes sociales y familiares el contrato parcial, sino también tiene mayor dificultad en encontrar un trabajo a tiempo completo, debiendo demostrar, para conseguirlo, mayores aptitudes y libertad horaria que el hombre.
Apreciamos también una relación muy directa del desequilibrio salarial entre hombre y mujer con la demografía.
A principios de los ochenta la brecha salarial era muy grande, cuando solo el 35% de las mujeres trabajaba; pero a medida que la mujer ha ido entrando de manera masiva en el mercado de trabajo, la presión social por equiparar los salarios y el reparto del cuidado de los niños, ha hecho que vaya disminuyendo a la par con el descenso de nacimientos. En esos últimos años la natalidad se ha estabilizado en cifras muy reducidas, coincidiendo también con una disminución del 0,4% en la brecha. El pequeño repunte de esta en una décima del pasado año, coincidiendo con la cifra más baja de la natalidad de todos los tiempos, podría ser debido a un pequeño aumento de los contratos a tiempo completo, en detrimento a los de tiempo parcial.
No podemos obviar en este estudio, que el salario más frecuente en España según el INE  es de 16.500€ de media, unos 17.500€ para los hombres y 14.500 para las mujeres, no ha experimentado ningún aumento en los últimos diez años. Este desgraciado fenómeno de congelamiento del salario, al menos debería haber servido para equiparar los salarios, sin embargo, no ha sido así, por lo cual entendemos que el problema es sistémico.
La solución exige democratizar de manera absoluta la economía desde su misma raíz, es decir el hogar y la familia, para llegar al mismo sistema basado en la acumulación de la riqueza y cambiarlo.

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domingo, 25 de febrero de 2018

Una alternativa Pirata al contrato único

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En el 2011, el Nobel de Economía Christopher Antoniou Pissarides,en una entrevista en El País defendía los mismos postulados que el Manifiesto de los 100 economistas, confeccionado un año antes y en plena recesión económica (por cierto, que algunos de los más insignes firmantes ya casi daban por concluida), que intentaba dar una alternativa, pecando de inocencia a nuestro modo de ver, al disparate de la multiplicidad de modelos de contrato laboral existente en nuestro país y a la temporalidad.
La alternativa hemos de reconocer que es bastante atractiva, incluso podría ser positiva de no estar hablando de España, con su clase política, empresarial y judicial. No podemos negar la gran experiencia del señor Pissarides, sin embargo, lo que tampoco podemos negar es el gran desprecio que muestra hacia el trabajador, al que prácticamente culpabiliza por no encontrar trabajo, dando como solución el abaratamiento del mismo y poner a disposición del trabajador información de dónde encontrar trabajo. Por supuesto, la misma emigración de trabajadores que provocó la crisis ya nos muestra lo equivocado que está o el interés bastardo de su afirmación, cuando el parado es capaz de abandonar su tierra y su familia con tal de encontrar trabajo.
Son muchos los errores en que, a nuestro parecer, caen los economistas que defienden este modelo de contrato único, uno de ellos es comparar la crisis económica española con la del resto de países de la Unión. No es lo mismo España que Francia, con un sistema financiero afectado también por la crisis, pero sin la terrible mochila de unas pérdidas astronómicas derivadas al mal uso del dinero. Y no es lo mismo partir de un desempleo estructural del 8% y con una tasa de empleo en la construcción muy elevada, al de uno igual pero debido a circunstancias de reestructuración económica e industrial, y con un modelo de economía productivo y muy diversificado. En España al 8% de paro se le llama pleno empleo, mientras que en Francia crisis. La diferencia es sustancial.
La pérdida del rescate bancario por parte del banco de España, cuando en el resto de países se ha podido recuperar, ya demuestra la gran diferencia entre la crisis española y la del resto de países afectados por la última crisis financiera.
La crisis española surge por otras causas, incrustadas en su sistema político y social basado en el clientelismo y a una economía de la corrupción solo comparable a la griega. Si a eso añadimos el histórico modelo de crecimiento de nuestro país, sustentado en la especulación inmobiliaria, y una crisis financiera internacional, sin ninguna duda podemos dibujar la Tormenta Perfecta hispana.
Una de las explicaciones que se plantean por la falta de recuperación del empleo, es la gran diferencia entre el contrato indefinido y el temporal, y la falta de responsabilidad empresarial para gestionarlos. Es evidente que la dualidad, en cuanto al uso de esos dos modelos de contrato, debería desaparecer, pero no por la desincentivación que provoca sino por su injusticia. Este modelo solo consigue que trabajadores con contrato antiguo y salario justo, produzcan tanto o menos en algunos casos, que jóvenes con contrato precario y bajo salario, haciendo que el aumento de la competitividad recaiga sobre esos últimos, en cambio de a la gestión de la misma empresa y del global de los trabajadores.
No es la primera vez que llamamos la atención sobre la gran paradoja de que el mismo trabajador español aumente significativamente su productividad, aun trabajando menos horas, al emigrar y trabajar en una empresa extranjera. Lo cual hace evidente que la competitividad de la empresa española no depende del salario de este trabajador, de su capacidad productiva o del modelo de contratación al que se ha acogido, sino de la gestión de la misma empresa o del país donde está ubicada.
La solución que se propone en el Manifiesto de los 100 economistas es un contrato único con indemnizaciones crecientes, de modo que el empresario gana en seguridad en el caso de una caída de resultados y, sin embargo, el trabajador que se adapta o es productivo gana a partir del segundo año.
En la propuesta la indemnización por despido improcedente en el contrato temporal sería de doce días por año trabajado (cuando se planteó estaba en ocho). Mientras que en el indefinido se limitaría a treinta y tres en cambio de los cuarenta y cinco, que era lo que marcaba la ley en el 2010.
Obviamente, en este caso el trabajador es quien claramente pierde. De hecho la injusticia no está en la diferencia sino en lo miserable de la indemnización del contrato temporal. Lo único que el gobierno adoptó de la propuesta es la indemnización de los treinta y tres y de los doce días, es decir que si el trabajador fijo tiene un contrato posterior al 12 de febrero del 2012, en el mejor de los casos cobraría treinta y tres días por año trabajado, mientras que doce en caso de ser temporal.
La propuesta no solo elimina el modelo de contrato sino también la maraña de modalidades que le acompañan. Según la actual legislación en España, que podemos encontrar en su web, coexisten tres modelos de contrato indefinido y ocho de temporal. Sin embargo, dentro de las tres modalidades de indefinido podemos encontrar quince más, a las que hay que sumar veinte en las temporales. Por supuesto, esta propuesta simplificaría mucho el ordenamiento, aunque lo consideremos desacertado en algunos casos.
Es mucho mejor, en este caso, la propuesta del Servicio de Estudios del BBVA, de limitar el sistema a tres modelos, el fijo, el temporal y el de aprendizaje, pero todos ellos dentro de un mismo modelo de contrato.
Tanto BBVA Research como el grupo de economistas de FEDEA reconocen la gravedad de la distorsión entre los países más adelantados de la UE y los más atrasados. España y Grecia son, con mucho, los países con mayor indemnización por despido, y curiosamente también los que tienen mayor tasa de desempleo de Europa; sin embargo, en el caso de España no podemos caer en la trampa de relacionar la elevada indemnización con el desempleo, ya que no es lo mismo ser un desempleado en los países con la indemnización más baja, con prestaciones y protección jurídica, que superan con mucho las que cualquier trabajador español en paro podría soñar. La implementación, hace ya muchos años, del contrato temporal no consiguió que disminuyera el paro; sin embargo, la indemnización por su finalización es prácticamente idéntica a la de los países con menor tasa de desempleo.



La implantación de la propuesta de los 100 economistas no serviría al fin supuestamente previsto, que es el aumento del empleo. Curiosamente la medida no parece diseñada para eliminar la precariedad del mismo, que es el principal problema de nuestro sistema económico, sino la temporalidad, que es precisamente lo que este modelo de contrato terminaría potenciando en sus dos años de inicio. Además el trabajador perdería la capacidad de gestionar su vida laboral, al no saber con certeza cuando termina su contrato.
Los impulsores de la indemnización creciente aseguran que debería servir como incentivo para que la empresa se quede con los trabajadores, una vez pasado los dos primeros años. Y la idea es correcta, pero en un país muy distinto al nuestro, en el que sea imposible el fraude en los contratos temporales. De hecho con este contrato se está incentivando una vez más el aumento de la rotación de los trabajadores, tal como ya sucede con los actuales contratos temporales y de aprendizaje.
La actual legislación dice que los contratos temporales solo pueden servir para trabajos temporales, que es donde hoy por hoy existe más fraude. Las empresas contratan trabajadores temporales para desarrollar trabajos fijos, saltándose la legislación con absoluta impunidad, ya que apenas existe penalización en caso de ser descubiertas o denunciadas. Eso puede comprobarse principalmente en las empresas de servicios. El contrato único legalizaría esta situación que ahora podría perseguirse por fraude, con el agravante que el trabajador tendría más indefensión, ya que el contrato único carece de fecha límite; tanto puede durar tres, seis o doce meses, a voluntad del empresario. De manera que la dualidad de contrato temporal e indefinido seguiría existiendo, con la salvedad de que la duración del primero dependería por completo de la voluntad del empresario, sin ninguna obligación contractual.
BBVA Research propone un radical cambio en el sistema de indemnización por finalización del contrato, haciendo que la del temporal sea más elevada que la del indefinido. Aunque para nosotros no lo sea, eso convertiría el sistema de contratación en único, con las tres modalidades integradas en él, haciendo mucho más atractivo el indefinido. De este modo el empresario intentaría por todos los medios conservar al trabajador. El contrato indefinido también tendría una indemnización creciente, hasta alcanzar la máxima de doce meses si se trata de despido procedente, y de veinticuatro si es improcedente (no hemos encontrado el baremo de indemnización que propone, ni en el indefinido ni en el temporal). Se supone que en caso de una rescisión anticipada, el contrato sería tratado automáticamente como temporal; sin embargo, no explica cómo evitar que el empresario no espere un día más del cambio de contrato para pagar mucho menos.
El culpable de la elevada tasa de desempleo en España no es la maraña de modelos de contratación o la pervivencia del contrato indefinido, sino algo más sencillo y lacerante, la falta de empleo; de lo contrario, en Euskadi y Catalunya las tasas se mantendrían muy elevadas también -recordemos que antes de la crisis la tasa de desempleo en Euskadi era de las más bajas de Europa-. Por consiguiente el problema hay que buscarlo en otra parte, principalmente en las características socioeconómicas de cada una de las Comunidades Autónomas y de sus provincias; y si lo hemos de comparar con Euskadi, en el modelo de crecimiento.
La solución a la temporalidad no es el contrato único con indemnización creciente. Y no obstante la importancia de reducir y clarificar la gran maraña de modelos de contratación, es necesario mantener los que sirven para casos muy concretos y especiales, pero con un buen sistema de control, no tan difícil de ejercer con las nuevas tecnologías y con un sistema de protección al denunciante, además de un cambio en la política sancionadora.
La diferencia en la indemnización entre el firmante del contrato temporal y del fijo es injusta y carece de sentido. Un trabajador es rentable por el trabajo que realiza, que en principio debería ir en proporción al salario que percibe. Es ridículo pensar que será más o menos productivo por la indemnización recibida en caso de despido. El trabajador no busca un empleo con la presunción que será despedido.
A nuestro modo de ver la modalidad de contrato único con tres partes diferenciadas que propone BBVA Research es el correcto, pero con la misma indemnización para el temporal y el indefinido, y con la limitación de doce meses en caso de despido procedente, y a juicio del tribunal a partir de los veinticuatro en el improcedente; no obstante, no nos gustaría dejar de lado la posibilidad de aumentar unos puntos en casos muy concretos, como la ayuda a la contratación de incapacitados, etc., pero siempre dentro del mismo marco.
El contrato quedaría, en este caso, como único con los tres cuerpos, el del aprendizaje, el temporal, de un máximo de dieciocho meses; y, por último, el indefinido. El primero obviamente sin indemnización, pero con un compromiso expreso de pasar al segundo tramo en el momento de su finalización. El segundo con una indemnización de treinta días que se añadiría ya directamente al salario, tal como si fuera una tercera paga doble prorrateada. De este modo el trabajador no la percibiría en su liquidación, pero en cambio obtendría un salario más elevado. El empresario se tomaría mucho más en serio la contratación, intentando por todos los medios, en caso de interesarle el trabajador, convertirlo a fijo. El trabajador, no obstante, obtendría la seguridad deseada a costa de la parte de la indemnización, que recuperaría de inmediato en caso de despido improcedente antes de vencer los dieciocho meses, más una indemnización proporcional al perjuicio sufrido.


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