El momento de la Democracia Participativa

Imagen cedida por IvanPais, para Pixabay

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Tiempo atrás publicamos un trabajo que explicaba lo que es la Democracia Participativa, que, aun detallando una posible mecánica para llevarla a cabo, necesitaba más elaboración, al menos con respecto a nuestra ciudad y quizá a muchas otras de similares características.
En este trabajo llamamos la atención sobre el peligro de que el tejido asociativo cayera en la tentación de entrar en el aparato político del municipio, comunidad o estado, o que este lo terminara absorbiendo o introduciendo dentro de una red clientelar.

Antes que nada nos gustaría aclarar un principio básico, que podemos encontrar en todos los municipios en los que la participación ciudadana ha prosperado o ha fracasado.

Sin tejido asociativo no es posible crear un proceso de Democracia Participativa. Y este tejido no puede depender ni estar vinculado a ningún partido político, de lo contrario ya no sería asociativo. Un barrio está conformado por ciudadanos con libertad de pensamiento, y de distintas ideologías e incluso credos; con los mismos problemas de transporte, de infraestructura, de contaminación, etc. En el momento que este tejido adopta una direccionalidad política en concreto, pasa a ser una prolongación de ella, perdiendo cualquier legitimidad de representación global. Debemos entender entonces que una asociación de barrio, por muy organizada y activa que sea, en el momento que está mediatizada por un partido político, ya no puede ser tratada como asociación sino como una delegación de este partido.

Por suerte en nuestra ciudad existe un tejido asociativo muy potente, activo y con ramificaciones tanto en la izquierda como en la derecha. En la izquierda independiente de los partidos políticos que podrían ser sus referentes, sin embargo, el asociacionismo, que por cierto ya nadie puede vincular a una direccionalidad ideológica, mantiene fuertes vínculos con el PSC debido a un clientelismo cultivado durante más de cuarenta años de gobierno.
¿Qué solución podemos encontrar para resolver este problema en una sociedad fuertemente politizada?

A nuestro modo de ver el esfuerzo ha de dirigirse en ampliar el primer modelo de asociacionismo, buscando el mecanismo para que se respete no solo su independencia sino también que evite caer en la tentación de convertirse en sujeto del aparato político, aunque sí en la parte más importante del poder político de la ciudad. Para eso nada mejor que establecer unas reglas de juego muy estrictas y reguladas por unos estatutos, que solo las asambleas pueden variar y no sin dificultad.
El tejido asociativo debe ser el embrión y la correa de transmisión de un sistema participativo completamente independiente, engranado principalmente al pleno del ayuntamiento.
Cuando en el primer trabajo estudiamos los distintos sistemas participativos que mal que bien funcionan, incluso el de Porto Alegre, que nos puede servir como ejemplo de organización, descubrimos una pobre participación ciudadana, siendo esta mucho más potente en los barrios y la sociedad más humildes, y en todos los casos encontramos más implicación entre los parados y los ciudadanos en la tercera edad.
Es evidente que la participación ciudadana requiere un esfuerzo, principalmente de tiempo, pero también de responsabilidad. Todo indica que parte de la falta de participación deviene por la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, con la participación en los órganos del proceso participativo, lo cual nos hace pensar que en el caso de los delegados se debería establecer una remuneración ajustada, gracias a una reducción del número de asesores políticos. Es decir, que el ahorro por esa reducción podría servir para remunerar a los delegados electos de las asambleas de barrio y directamente a través de ellas, con su propio reglamento. De esta manera se fortalece la vinculación del sistema participativo con el pleno de la ciudad, pero manteniendo la independencia de cualquier grupo político de este. Para garantizar esta independencia, es aconsejable que el mandato de los delegados electos no sobrepase un año, aunque eso sería decisión de las asambleas de barrio y de sus estatutos; así como la cantidad a percibir, si es por las mismas asambleas a través de subvención o simplemente por ser declaradas como asesoría del pleno municipal. Eso con respecto a las concejalías de barrio. Con las temáticas tendría que ser la asamblea de ciudad, es decir que las asambleas de barrio deberían escoger a sus delegados temáticos, que conformarían un grupo del cual tendrían que salir escogidos los distintos delegados autorizados para representar a la asamblea de ciudad, siempre recordando que su representación también finalizará al cabo de un año.
En caso de enfrentamiento de opinión con los técnicos municipales, las decisiones de las asambleas podrán ser revocadas o negociadas por ellas mismas, tras un período suplementario de debate con dichos técnicos, por un consejo de mediación externo o simplemente por otro de juristas, en caso de posible confrontación con las leyes.

Sin duda, uno de los problemas más graves que nos podemos encontrar en los pocos procesos participativos que han conseguido afianzarse, es el conflicto entre el sistema deliberativo de las asambleas, y el mandato imperativo de los representantes elegidos democráticamente, que son quienes deben poner en práctica las decisiones de la asamblea. Este conflicto, que suele devenir por la dificultad de los técnicos a aceptar decisiones a su parecer contrarias al bien común, puede subsanarse a través de un procedimiento regulatorio y con un equipo de mediación compuesto por expertos. También es importante que el sistema deliberativo acepte de buen grado los imperativos legales. Ninguna asamblea puede exigir a sus representantes que arriesguen su patrimonio, su puesto o su libertad, por obedecer unas decisiones que van en contra de la legalidad. En este caso la obligación de los representantes es buscar una grieta en la legalidad, para acercarse al máximo al mandato de la asamblea o pedir al poder legislativo que cambie dicha legalidad para satisfacer a la asamblea ciudadana.

Es de suma importancia procurar que el asociacionismo crezca por si mismo, sin mediación alguna del poder político. Este crecimiento debe ser natural y autónomo, solo así se conseguirá un empoderamiento real y legítimo de la ciudadanía, con capacidad de extender su ámbito de actuación. Obviamente, existen dos dificultades fácilmente apreciables, la primera es conseguir este crecimiento sin la intromisión del poder político. La segunda está directamente relacionada con la primera, ya que sin ayuda las mismas asociaciones tenderán a limitar o reducir su extensión, para evitar los debates excesivamente densos y largos, y para simplificar la administración de la misma asociación. Tampoco podemos infravalorar la normal ambición de poder de una clase política emergente, los ultra activistas y los delegados que suelen repetir mandato con facilidad, que pueden ver peligrar su preponderancia en caso de un crecimiento sostenido. Evidentemente, el activista experimentado tiende a sentirse más preparado y, por ende, con más derechos que el novato.
La solución pasa por premiar la participación, no con más presupuesto sino con poder de decisión.

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