jueves, 19 de abril de 2018

La Renta Básica Universal a debate


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Una de las funciones de la Renta Básica Universal es la redistribución de la riqueza, que puede ser una herramienta relativamente eficaz para corregir el desequilibrio de rentas en algunos países.
¿A qué viene lo de relativamente?
Generalmente los países donde el coeficiente de Gini es más elevado, son los que muestran menos diferencia impositiva entre los más y los menos ricos, por lo cual podríamos entender que la RB podría servir para corregir la desigualdad impositiva de algunas sociedades. Sin embargo, no olvidemos que la finalidad de utilizar un sistema impositivo que beneficia a los más ricos, es para aumentar o, en el mejor de los casos, mantener el desequilibrio socioeconómico; lo que da a entender que en este tipo de sociedades la RBU nunca podrá ser posible, a no ser que sirva para el beneficio de las clases más elevadas. De hecho lo que se pretende con la RBU, no hablamos de sus creadores, es traspasar el pago del estado del bienestar al usuario, a través del dinero recibido por la Renta Básica Universal. Obviamente esos servicios, como la sanidad o la educación, quedarían en manos de la empresa privada, que, tal como hace ya ahora, ofrecería un escalado de calidad y de servicios a tenor de lo contratado, cuyos mínimos entrarían en lo aportado por el Estado. Evidentemente, se trata de encubrir la privatización con la RBU, traspasando la responsabilidad de su contratación a los usuarios, dejando de lado la igualdad en unos servicios indispensables para la supervivencia y el desarrollo cultural de todas las personas por igual.

En el caso de los países con el coeficiente Gini más bajo en salarios y rentas, además de un sistema impositivo más igualitario, la RBU carece de utilidad práctica, a no ser que sirva para combatir el posible y engañoso desempleo tecnológico o para legitimar un reparto de la riqueza desigual, que a fin de cuentas es como terminaría. Curiosamente esta afirmación, fácilmente demostrable con una adecuada formulación, choca directamente con la realidad, ya que los países con el coeficiente más bajo han sido los primeros en implementar, aunque parcialmente y a modo de prueba, la RBU.
La RBU trata de repartir de manera igual y universal, una cantidad de dinero que el Estado debe recaudar a través de un sistema impositivo progresivo.
La RBU no es tan onerosa para el Estado como algunos nos quieren hacer creer, ya que muchas de las aportaciones, que ahora mismo se reparten entre algunos colectivos o ciudadanos en precariedad, quedarían automáticamente eliminadas, lo cual significa que esos ciudadanos quedarían en desventaja con respecto al global. Por contra, muchos prejuicios de tipo racista o de clase dejarían de tener sentido, lo cual no significa que desaparezcan. El racista nace y muere siéndolo, por mucho que la sociedad le demuestre su error.
En España los inmigrantes sin la documentación que les acredita como residentes, han perdido el derecho a la educación y a la sanidad, y no por ello los racistas han dejado de verlos como beneficiarios de esos servicios y de muchos más, cuya existencia solo está en su imaginario. Mientras que los que tienen la documentación en regla, es porque trabajan y, por tanto, contribuyen positivamente a cubrir las pensiones y los servicios del resto, con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano excepto el del voto. El ciudadano con menos recursos por su salario o por tener más hijos, sea inmigrante o nativo, al recibir la RBU dejaría de percibir las ayudas a las que ahora tiene derecho. Y, ciertamente, es el inmigrante trabajador quien más se acerca al modelo expuesto.
La RBU, por tanto, no deja de ser una herramienta que voluntaria o involuntariamente, sirve para legitimar y enquistar el desequilibrio salarial y de rentas, ya que es un modo de corregir este desequilibrio a través de una inyección monetaria a los salarios por parte del Estado, cuando lo justo sería garantizar, mediante un buen sistema fiscal y regulatorio, más igualdad entre los beneficios del trabajo y de la renta, y entre el salario productivo y el de gestión.

Una de las excusas más delirantes de la RBU es que el trabajo no dignifica, sin embargo, a nuestro modo de ver lo que no dignifica es tener la consciencia de que solo por haber nacido humano y en un país más o menos rico, se tiene el derecho a la subsistencia, que será posible gracias al trabajo de otros, muchas veces de sociedades extranjeras y explotadas. Esta seguridad de subsistencia, pese a ser un derecho, no puede ser motivo de abandono. Para nosotros el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo digno a todos los ciudadanos, sin importar su origen o sus capacidades, y si por incapacidad de este mismo Estado o del ciudadano no se pudiera, ha de ser el Estado, como responsable garantista, quien ha de cubrir la subsistencia del desafortunado.
La actual propuesta de RBU, al eliminar las múltiples ayudas que actualmente se reparten, simplificaría enormemente la administración. No olvidemos que los beneficiarios de estas ayudas necesitan una gran variedad de requisitos y tienen múltiples facetas, que precisan un gran esfuerzo de inspección y de administración. Según sus promotores todo este esfuerzo administrativo se podría obviar; sin embargo, olvidan que gran parte de los beneficiarios no reciben la ayuda directamente en forma dineraria sino en servicios, y que otra parte es administrada por asociaciones externas a la administración, que reciben subvenciones directamente según el proyecto propuesto. Es evidente que los beneficiarios seguirán necesitando el soporte del estado, sea a través de esas organizaciones, de los servicios sociales de las administraciones locales o del mismo gobierno central. Solo pequeños grupos de ciudadanos podrían beneficiarse directamente, ahorrando esfuerzo administrativo, como por ejemplo las familias numerosas. El resto quedaría expuesto igualmente.

En cualquier caso no podemos obviar que los servicios que tienen que ver con el estado del bienestar no han depender de la previsión del ciudadano sino del Estado, porque es este quien finalmente termina garantizando la digna supervivencia del mismo. El Estado de Bienestar es responsabilidad final de la sociedad como colectivo, por lo cual no debe confiar en el libre albedrío del individuo ciudadano, para que decida la gestión de sus derechos esenciales. El bienestar, la seguridad y la libertad de la sociedad, dependen directamente del estado de bienestar de todos sus ciudadanos individuos, de modo que ha de ser ella la que decida las distintas partidas y para lo que han de servir. No es de recibo que el dinero que un individuo recibe para la educación y la sanidad de sus hijos, se utilice para las vacaciones de la familia, porque sin duda será la sociedad quien termine solucionando o sufriendo su mala gestión.

Al no tratarse de un aumento de la masa monetaria, sino una redistribución más equitativa de la misma, en principio no debería provocar inflación; pero no olvidemos que una redistribución del dinero, de las capas más ricas, es decir las más ahorradoras, hacia las más humildes, necesariamente crea un crecimiento de la demanda, en este caso muy centrado a servicios como los alquileres y los servicios y bienes de consumo más básicos, que sufrirían un aumento de precio en proporción, a no ser que el mismo Estado se cuidara de regularlo facilitando el aumento de su producción. La disminución del ahorro, que con el aumento de la producción se podría recuperar con relativa facilidad, ayudaría a controlar la inflación, pero en los bienes de consumo para las clases más adineradas. No olvidemos que la economía de mercado se regula por si misma, pero siempre con sistemas de control para evitar crestas excesivas, tanto negativas como positivas.


Una vez desarrollada la RBU se podría acercar a la propuesta del Trabajo Garantizado. En este caso las personas no tendrían ninguna subvención solo por serlo sino el derecho a un trabajo, se entiende que las capacitadas para tenerlo. Las ayudas sociales a las personas más vulnerables no se eliminarían, al menos hasta no haber superado su vulnerabilidad. La RB en este caso podría servir para igualar las ayudas en ciertos casos, como una cantidad de dinero fija por hijo, sin entrar a valorar la fortuna de los progenitores.
La educación, la sanidad y los servicios que la sociedad considera indispensables para una supervivencia digna, ya son parte de la RB, pero en especies directamente, de modo que nadie puede disponer de su coste para otros menesteres. La sociedad, en este caso, ha de tratar esta inversión como una subvención finalista, que su receptor no puede desviar.
El Trabajo Garantizado, al contrario que la RB, genera riqueza directamente, junto al mismo aumento del movimiento dinerario, pero esta vez a través del trabajo. Obviamente genera esfuerzo administrativo, pero menos del que ahora mismo representa la gestión y el control de las ayudas que la administración entrega a los más desfavorecidos.
El trabajo que la administración garantiza al ciudadano solo puede servir para resolver la supervivencia con dignidad. El trabajo no es en este caso una obligación, pero si el medio de subsistencia para todo aquel que pudiendo trabajar no tenga ni quiera vivir a costa del trabajo de los demás. Al ser garantizado, el Estado está obligado a entregar un salario a todos por igual, siendo su responsabilidad dar el trabajo.

Hay que tener en cuenta que los bienes de consumo más esenciales y de precio ajustado provienen de la importación. El ciudadano beneficiario de la RB será más exigente ante la oferta de trabajo, por lo cual el empresario tendrá, necesariamente, que modernizar su empresa con tecnologías que suplan el trabajo, además de aumentar sensiblemente el salario de oferta. Eso conlleva necesariamente a una caída de la producción de bienes de consumo de valor reducido y a un aumento de su importación. En el caso de la RB, esos bienes también serían los más demandados y su consumo no generaría más riqueza al país que la implementa, es decir que solo aumentaría el consumo de productos foráneos.


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